25 de noviembre de 2020

Autoformación Constitucional VI: La Constitución de 1980, la herencia maldita que nos rige.

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por Álvaro Macaya

La Constitución que en nuestro presente conduce la gran mayoría de los ámbitos de la sociedad chilena está teñida de sangre y miles de muertes, dado a que se redactó en una de las dictaduras cívico-militares más violentas y antidemocráticas de Chile y Latinoamérica. Es importante no olvidar que entre los años 1973 a 1990 en Chile se desarrolló una dictadura cívico-militar, en donde participaron las fuerzas armadas y civiles, mucho de los cuales hoy se encuentran gobernando o son futuras cartas presidenciales de nuestro país. Esto último lo recalcamos porque se ha intentado falsear la historia e incluso enseñar a las nuevas generaciones que aquello no existió y asi también las muertes, las torturas y las violaciones de los DDHH a través de cambios conceptuales y de definición, que buscan manipular la verdad.

Luego del golpe de Estado perpetrado por las FF. AA contra el gobierno de Salvador Allende en 1973, ese sector se atribuyó para sí mismo el Poder Constituyente y el derecho de imponer un proyecto “refundacional”[1] . Este último elemento es importante considerarlo dado a que desde los primeros días de dictadura se planteó la idea de transformar de manera profunda el país y perpetuar un nuevo orden[2].  En la mente de militares y el séquito civil que lo acompañó se pensó en implantar un nuevo modelo, el cual transformaría las concepciones sociales, políticas y económicas de la sociedad chilena. Durante los años que quedaban de la década de los setenta el grupo civil que los apoyó y ayudó, compuesto por empresarios y políticos de derecha, desde los puestos de gobierno, (en donde se destacan los “chicago boys”), dieron pie a diversas medidas económicas las cuales sentarían las bases del modelo neoliberal que nos rige en la actualidad[3]. Este factor económico es trascendental distinguirlo, dado a que la Constitución de 1980 “blindaría” jurídicamente aquellas acciones, por ello nuestra actual texto constitucional no solo genera un orden administrativo o político, sino también económico porque sostiene el sistema neoliberal[4]. Los rasgos neoliberales los vemos en la debilidad del Estado en regular el mercado, en el pobre sector público y en rol el subsidiario, que genera que mayoritariamente las entidades privadas otorguen servicios como salud, educación o seguridad social. La nueva institucionalidad impuesta representa la influencia y visión de grupos económicos con enorme poder financiero, que hoy controlan amplias áreas de la vida económica y social del país[5].

El contexto que giro en torno a la redacción de la ensangrentada Constitución de 1980 es un régimen de terror, de persecución y tortura política, sin ningún tipo de libertad de expresión, ni de derecho de reunión, ni de asociación en donde los militares sin oposición controlaban todos los ámbitos del Estado. Como señalamos desde los primeros días de dictadura la cúpula de militares y empresarios gestan la idea de crear una nueva Constitución, para lo cual la Junta de Gobierno creó una Comisión de Estudio o Comisión Constituyente liderada por el viejo político derechista Enrique Ortuzar[6]. Este grupo trabajo durante cinco años en un anteproyecto constitucional, no obstante, aún faltaba insertar las ideas del gran ideólogo del régimen y de nuestro texto constitucional, Jaime Guzmán, cosa que se hace en 1977.  Es importante destacar a Guzmán por su influencia y por ser el principal artífice del injusto modelo y la Constitución que nos rige, quien se inspiró para ello en las ideas de intelectuales como Carl Schmitt[7] (conservador alemán ex militante nazi).  

Luego de que la comisión que señalamos redactara el proyecto de Constitución, en junio de 1980 pasó hacer revisado por los personeros civiles de la dictadura, en donde figura Mónica Madariaga (ministra de Pinochet que ayudo al presidente Piñera a salir de la cárcel en 1982). Este grupo hizo varias correcciones para que se acomodara de mejor manera a su pensamiento y se aprobó en agosto de 1980. Ya con la nueva Constitución en septiembre de aquel año se llevó a cabo el “plebiscito” para aprobarlo, el cual fue un fraude, dado a que no existía el derecho de manifestarse, opinar, sin todos los partidos, ni asociaciones políticas y con los medios de comunicación controlados por los militares. En aquel régimen de terror se aprueba con un ficticio 67% de votos a favor frente un 30% que rechazó, estos números claramente los podemos someter a duda, porque aquel proceso de votación fue irregular. Los militares controlaron todos los aspectos de aquella votación en la cual no existía registros electorales, no hubo supervisión ni recuentos independientes. Junto a ello existieron muchos fraudes tales como: recuentos erróneos y no públicos, inconsistencia entre el número de votos contados, personas que votaron más de una vez, incluso hubieron lugares en donde había votado más del 100% de la población[8].

De esta sucia manera es como se originó y entró en vigencia la Constitución que nos rige, de una forma totalmente ilegitima. Hay que señalar que esta tuvo varias reformas, la más importante en 2005 en donde se eliminaron varios aspectos autoritarios, sin embargo en lo substancial sigue inalterada[9], dando pie a la democracia protegida, en que vivimos. Esto último es porque nuestra acción ciudadana es limitada, dado a que la participación política solo se ejerce a la hora de votar, no hay espacios deliberativos en donde la ciudadanía pueda decidir y hacer soberanía, puesto que por ley debemos delegar nuestra soberanía a las personas por las cuales votamos. La Constitución del 80 genera que para hacer política se pase a la institucionalidad y sus normas, esto lo muestra el hecho que para tener “peso político” habría que ser de un partido político[10]. El otro rasgo es el espacio que se otorga a leyes represivas e inquisitorias, que tipifican ciertos actos como terroristas o contra la seguridad del Estado. Esto evidencia que la concepción del enemigo interno tan vociferado en la dictadura sigue viva y con ello otros aspectos como el del Consejo de Seguridad Nacional que abre la puerta a la influencia de las FFAA en materia de orden. Ambos elementos para “proteger la democracia” en donde se abre un espacio para criminalizar la manifestación política.

En el ámbito administrativo nuestra Constitución hace que la balanza se incline hacia el poder ejecutivo es decir al presidente, dándole un rasgo autoritario a nuestra división de poderes[11], dada las diversas atribuciones especiales que tiene y la independencia que tiene frente al poder legislativo.  Junto a esto desvaloriza la importancia de los derechos civiles y políticos y reconoce de manera precaria y parcial ciertos derechos económicos sociales, y muchas de sus leyes limitan las posibilidades de hacer cambios profundos en materia social[12]. Lo último señalado es importante porque se generaron mecanismos legales para impugnar alguna ley o reforma importante que trastocara algún aspecto de la Constitución, entre ellos el Tribunal Constitucional.

Como observamos la Constitución de los ‘80 no garantizó el desarrollo productivo, ni humano, ya que se estructuró para asegurar el orden interior y administrativo, lo cual se aseguró con un “candado” legal, dado a que para reformar cualquier elemento constitucional se necesita tres quintas partes en las cámaras de diputados y senadores[13]. Esto generó que para tener mayoría se tuviera que tranzar en una reforma, lo que generó el bloqueo de cualquier iniciativa civil de cambio estructural[14], a lo cual la Concertación asintió y se acomodó.

La Constitución de 1980 sigue viva, aunque enmascarada y adornada por colores democráticos, añadidos durante la Concertación, por ello es un deber histórico luchar por el apruebo y la Convención Constitucional. Esto lo señalamos porque a la luz de la historia, como hemos observado nuestra Constitución nace como una sangrienta imposición y como un proyecto de una casta empresarial para enriquecerse.


[1] Sofía Correa. Historia del siglo XX chileno. Ed. Sudamericana, Santiago, 2001. Págs. 284- 286.

[2] Ibíd.: 279.

[3] Ibíd.: 292- 293.

[4] Cristi Renato: Ruiz Tagle Pablo. La Republica en Chile. LOM Ed., Santiago, 2006. Pág. 177.

[5] Javier Rodríguez. Desarrollo y desigualdad en Chile (1850- 2009). LOM Ed., Santiago, 2018. Págs. 236- 237.

[6] Sergio Grez. La ausencia de un poder constituyente democrático en la historia de Chile. Revista Izquierdas, VOL. 3, 2009. Pág. 17.

[7] Renato Cristi: Pablo Ruiz-Tagle. La Republica en Chile… Óp. Cit. Pág. 128.

[8] Sergio Grez. La ausencia de un poder …. Óp. Cit. Pág. 19.

[9] Renato Cristi: Pablo Ruiz-Tagle. La República de Chile… Óp. Cit. Pág. 197- 198.

[10] Gabriel Salazar. Movimientos sociales en Chile. Uqbar Ed. Santiago, 2013. Pág. 104.

[11] Renato Cristi: Pablo Ruiz-Tagle. La Republica de Chile… Óp. Cit. 131.

[12] Ibíd.: Pág. 135.

[13] Julio Pinto: Gabriel Salazar. Historia contemporánea de Chile I. LOM Ed. Santiago, 2014. Pág. 104

[14] Ibíd.: Pág. 106.

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