22 de enero de 2021

Gobernación provincial de Cachapoal, como un patrimonio local, de recuperación, difusión y promoción de una memoria histórica regional.

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Johana Toro Bustamante
Profesora de educación básica con Mención en Ciencias Sociales
Diplomada en teoría, metodología y enseñanza de la historia reciente.
Diplomada en educación en derechos humanos.
Gestora de la red educativa @memoriasfemeninasresilientes

Al pensar en la memoria histórica local y en el reconocimiento de un patrimonio local, como recuperación, difusión y promoción de una memoria histórica regional, se pueden visualizar como los proceso de patrimonialización los sitios de represión y tortura durante tras el Golpe de Estado en los años 1973 y 1974 en la región de O’Higgins han sido invisibilizados institucionalmente. Un ejemplo de ello es la Fiscalía militar, ex intendencia regional de O’Higgins, actualmente Gobernación provincial de Cachapoal, que alberga en sus dependencias al Consejo de la Cultura y las Artes, y la Dirección Provincial de Educación


Si bien, el edificio está en el núcleo de la ciudad, la gran mayoría de sus ciudadanos/as desconocen que durante el periodo de dictadura cívico militar en Chile, fue utilizado como un recinto de prisión política y tortura en Chile. Este edificio emblemático para la ciudad, pues está en el epicentro de esta donde se desarrolló la batalla de Rancagua, fue inaugurado posteriormente a este hecho histórico en 1889 bajo el gobierno de José Manuel Balmaceda, con el objetivo de ser la sede de la Intendencia regional.
Durante el periodo de dictadura cívico militar en Chile, específicamente desde el Golpe de Estado el 11 de septiembre del año 1973, y los primeros meses del año 1974, el edificio funcionaba como fiscalía militar / Ex intendencia provincial, el cual fue utilizado como recinto de detención y tortura a presos/as políticos/as.


Con relación a los testimonios recibidos en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, (Valech I) se evidenció, que el establecimiento fue adaptado específicamente para la realización de interrogatorios a los/as detenidos/as, en múltiples salas, donde quienes eran investigados podían escuchar la tortura que recibían otros/as presos/as políticos/as con el objetivo de amedrentar su integridad personal (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2005).

En efecto, este edificio fue manipulado para propiciar y aplicar diversos tipos de tortura, los cuales fueron explicitados por los relatos de la comisión. Los cuales daban cuenta de intensas golpizas, simulación de fusilamientos y la aplicación de electricidad, por medio de un catre de fierro, cabe destacar, que este fue el único lugar de la región donde se empleó dicha práctica de tortura. En resumen, los testimonios constataban que, desde la llegada a este edificio público, eran vendados y esposados, provenientes principalmente de las cárceles de
la ciudad, donde eran interrogados por personal militar, carabineros y policía de investigación (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2005).


Respecto a lo anteriormente señalado, es certero aplicar desde un criterio de noción de la identidad local, pues al analizar los procesos identitarios de una comunidad, podemos encontrar lazos que nos unen y ponen en disputa con relación a nuestras creencias, posturas y posicionamientos políticos, entre otras, que componen un criterio de valoración del patrimonio. Con relación a esto, los discursos sociales que se han desarrollado a nivel nacional en general han transmitido un negacionismo a la violación sistemática de la dictatura cívico militar que gobernó autoritariamente durante diecisiete años en Chile. En este sentido, existe una emergencia con respecto a una categoría de patrimonio con relación a las diversas experiencias de las sistemáticas y masivas violaciones a los derechos humanos implementadas por el Estado Chileno durante este periodo (Alegría & Uribe, 2014).


Por cierto, que los bienes nacionales materiales, como la Gobernación de la provincia de Cachapoal, debe garantizar el conocimiento público local con respecto al papel que ocupo en la historia reciente, siendo un edificio donde se ejecutó una violencia racionalizadora y terrorismo de Estado (Alegría & Uribe, 2014). Si bien, el proceso de valorización o reparación de un bien que fue usurpado para instaurar un autoritarismo e irracional violencia desmedida e inhumana, son las sociedades, las agrupaciones y movimientos quienes ponen en el foco en la democratización del patrimonio, desde la noción de identidad cultural local.
Por otro lado, se considera la noción de memoria como un eje fundamental en la valoración patrimonial del bien seleccionado. Es indudable, la importancia de un uso social del pasado, como plantea Vásquez (2001) ya que, en la construcción del pasado, vemos el futuro y como los elementos de continuidad y cambio nos dan sentido en el presente (Vásquez, 2001). En otras palabras, el autor nos plantea como la memoria no debe ser tratada solo como recuerdos cognitivos, sino que más bien como elementos vivos, que requieren de la activación social pensando también desde el emblemático “Nunca más” proyectando nuestro futuro local, regional y nacional desde la conciencia del pasado y los elementos que construyen hoy en día la sociedad chilena (Vásquez, 2001).


Desde luego la noción de memoria, ante el bien seleccionado cumple un papel trascendental en su proceso de patrimonialización. Por supuesto, que los acontecimientos ocurridos ya hace cuarenta y siete años, han calado hondo en nuestro sentir, pensar y actuar como ciudadanos/as. Pues tal como establecen Alegría & Uribe, lo que predomina en nuestras memorias va más allá de haber sido víctimas o victimarios, pues todos/as estamos involucrados en este proceso de reparación patrimonial desde los derechos humanos (Alegría & Uribe, 2014).

Finalmente, es importante ahondar en el discurso social, el cual articula toda la promoción, exigibilidad, garantías y conocimiento en torno a los derechos humanos que debieran prevalecer a nivel nacional y local. El uso social del pasado, como reparación, educación y conocimiento local en la región de O’Higgins se ha visto absolutamente invisibilizado. Al revisar el informe Valech podemos constatar que existieron setenta recintos de reclusión y tortura, sin embargo, no existen sitios de memorias, ni espacios de conmemoración y reparación que instalen en la comunidad local, un conocimiento público con respecto a esto. A propósito de esto, es que (Prats, 2005) instala la postura de que la puesta en valor y activación de los referentes patrimoniales debiera estar a cargo los poderes públicos locales, estos se rehúsan a realizar este proceso debido a las repercusiones políticas que esto les puedan traer (Prats, 2005).


En definitiva, la valoración de los discursos sociales y su uso social del pasado, deben ser proclamados y ejercidos desde la ciudadanía y sus procesos democratizadores, pues se ha visto reflejado, como este edificio tan relevante con relación a las violaciones a los derechos humanos en Chile en Rancagua, los estamentos municipales han menospreciado su valor patrimonial del bien, ante las necesidades locales por reivindicar el respeto, la reparación y visibilización de estos sitios de prisión política y tortura. Es un caminar por calles de una ciudad histórica en el proceso de independencia de Chile, sin historias y sin memorias luego de dicho acontecimiento.
Desde mi perspectiva, quisiera señalar la importancia de como los procesos de patrimonialización, se nutren desde la construcción social, por medio de las memorias comunes, desde la diversidad de intereses y necesidades que se reflejan actualmente con respecto al desarrollo de la historia reciente. Entendiendo, que la memoria es un factor determinante del discurso social, político y cultural que conforman una identidad local, resulta significativo hacer la puesta en valor, desde la valorización y la activación de prácticas que rescaten el valor del edificio de la Gobernación provincial de Cachapoal, por medio de contenidos que resguarden, rescaten y difundan la memoria local a partir de las violaciones a los derechos humanos que se aplicaron en el periodo de dictatura cívico militar en Chile (Prats, 2005).
Desde luego, tal como expresa Bourdieu (1979) en el campo patrimonial, se vinculan distintos agentes que dan un valor simbólico a los espacios (Bourdieu, 1979). En el caso de la Gobernación provincial de Cachapoal, su ubicación es clave, pues esta en el núcleo donde confluye la comunidad, razón por la cual, este lugar se puede transformar en un campo de fuerzas de estructuras que resignifiquen el valor de la memoria local y por otro lado este discurso en disputa que debe llegar a un consenso social que exija respeto por parte de las autoridades y la sociedad.

En efecto, el edificio es un campo de relación de fuerzas entre las autoridades regionales y la sociedad civil, la cual se ve limitada al reconocimiento de dicha institución como un edificio que funciono como recinto de prisión y tortura política en la comuna de Rancagua. Esto deja a la vista, una gran disputa entre las agrupaciones sociales que quisieran recuperar la memoria histórica y la violencia que ejerce de manera ilegítima las autoridades anulando la categoría mencionada anteriormente (Bourdieu, 1979).


Ciertamente, las memorias juegan un rol fundamental en el reconocimiento de la herencia histórica y patrimonial, que en la actualidad se activan por medio de los procesos de patrimonialización (Prats, 2005). En consecuencia, desde los planteamientos que se realizan en torno al patrimonio local, es fundamental que se establezcan las razones culturales e históricas que debemos perpetuar, considerando que en la contingencia nacional se esta evaluando una ley en relación con reconocimiento de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el periodo de dictadura cívica militar, la cual busca evitar y erradicar el negacionismo que aún sigue vigente por parte de distintas posturas políticas. Ciertamente, si apelamos a un cambio constitucional, participativo y exigimos las garantías del Estado en educarnos en materia de derechos humanos, tal como lo señalan instrumentos ratificados por el país, fue seleccionado este edificio como un campo de patrimonialización, considerando que si bien, tiene la categoría de monumento nacional, esta es insuficiente en el resguardo de la memoria histórica y la reparación de las víctimas de prisión y violencia política de la región.


En síntesis, el patrimonio local, representa los intereses y la identidad de una comunidad, la cual puede exigir la revalorización interna de inmuebles, que forman parte del centro de la ciudad, desde un aprendizaje cultural y significativo como un ejercicio y práctica de las memorias. Así pues, la región de O’Higgins requiere de una legislación que apele a los procesos de patrimonialización de los derechos humanos, que valore su relevancia histórica en la conformación de una sociedad actual, en construcción constante ante la plena diversidad de derechos que hoy, forman parte de un ideal utópico, al que el Estado ha sido incapaz de satisfacer en cuanto al goce efectivo de los derechos estipulados en la Constitución de la República de Chile.

Bibliografía
Alegría, L., & Uribe, N. (2014). Patrimonio, Derechos Humanos y Memoria en Chile. La calificación de los sitios de memoria como patrimonio cultural. Devenir Vol. 1, N° 2. Revista de estudios sobre patrimonio edificado, 27-39.
Bourdieu, P. (1979). Algunas propiedades de los campos. Ecole Normale Supéricure (págs. 1-5). Paris: Grupo de Estudios Semióticos.
Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. (2005). Informe de la comisión nacional sobre prisión política y tortura. Santiago, Chile: Ministerio del Interior, Estado de Chile.
Prats, L. (2005). Concepto y gestión del patrimonio local. Cuaderno de antropología social N°21 , 17-35.
Vásquez, F. (2001). La memoria como acción social. Barcelona: Paidos

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